Santa Cruz de la Sierra - Bolivia,

Viernes 17, Septiembre de 2004

La Prensa y AFP. La Paz

Encuentro. Representantes de las transnacionales que operan en el país sostuvieron ayer una reunión con una subcomisión camaral. Analizaron el proyecto de la norma petrolera enviado por el Presidente

Representantes de petroleras extranjeras que operan en Bolivia manifestaron ayer en una reunión con una subcomisión congresal, su oposición al cambio de la legislación de hidrocarburos que propone el Gobierno, a la luz de un referéndum que dictaminó la recuperación del gas en favor del Estado.

"La ley, tal como está, en nuestra opinión, va mucho más allá del Referéndum (realizado en julio). Por ejemplo, el tema de impuestos. Tal como están los impuestos pueden alcanzar el 54% y el Referéndum dijo el 50%", apuntó Julio Gavito, de Repsol-YPF, que explota gas natural en yacimientos del sur del país.

El proyecto del presidente, Carlos Mesa, apunta, además de la recuperación del gas en ‘boca de pozo’, a un reajuste hasta el 50% de los impuestos y regalías por medio de una ‘migración’ de contratos.

"La hipótesis de ir a un arbitraje (a causa de desavenencias) es mala para las dos partes. Quisiéramos evitar esa posibilidad (...) Si no se modifica esa ley sería muy difícil que nosotros continuemos aquí", advirtió Gavito.

El representante de la firma hispano-argentina, enfatizó: "Nosotros hemos venido con unas condiciones y si obligatoriamente se cambian esas condiciones será muy difícil defender, por parte del Estado de Bolivia, que no son (disposiciones) confiscatorias".

Esta posición puso punto final a la reunión informativa y de intercambio de criterios que promovió la subcomisión de Tributación del Congreso con las empresas petroleras.

La subcomisión integrada por miembros de las cámaras Alta y Baja, estuvo presidida por el senador Hugo Carvajal.

Una numerosa comitiva, compuesta por el presidente de la Cámara Boliviana de Hidrocarburos (CBH), Raúl Kieffer, junto a Octavio Pastrana, presidente de Chaco; Arturo Castaños y Hugo Peredo, representantes de Petrobras Bolivia; Brett Wiggs, presidente de Transredes; Guilles Bitoun, gerente general de TotalFina; y Leduvy Gouvea, a nombre de BG Bolivia, además de Gavito, expresó ante la comisión las observaciones de fondo a la nueva ley petrolera.

Pastrana sintetizó los puntos ‘negativos’ de la ley: inseguridad jurídica, aplicación del Impuesto Complementario a los Hidrocarburos (ICH) para subir los tributos hasta el 50 por ciento, y la decisión de poner fin a la libre comercialización de gas y petróleo. "Son tres grandes temas que nos preocupan a nosotros", declaró el titular de Chaco.

El presidente de la española Repsol aseguró que la empresa asume los resultados del Referéndum como un mandato, pero "creemos que es imprescindible que una ley de hidrocarburos sea más aceptable para el sector".

A su vez, Peredo en representación de Petrobras, dijo que se debe analizar con mayor profundidad la comercialización.

"Ahí quizá, en general, vería que cuando las compañías van a cualquier país para invertir, cooperar y producir, la última etapa es la comercialización para generar impuestos y beneficios", afirmó. A la vez pidió seguridad jurídica para las empresas y reiteró el reclamo por la decisión de terminar con la libre comercialización.

El coordinador de la subcomisión de Régimen Tributario, el senador Hugo Carvajal, informó ayer de que estudiarán la proposición de las petroleras de introducir en la nueva Ley de Hidrocarburos una disposición que permita una ‘migración concertada’ a los nuevos contratos.

La propuesta del Ejecutivo y la elaborada por la Comisión de Desarrollo Económico establece la obligatoriedad de las empresas petroleras a adecuarse a la nueva norma, dejando sin efecto los contratos de riesgo compartido firmados al amparo de la Ley de Hidrocarburos No 1689 de 30 de abril de 1996 de Gonzalo Sánchez de Lozada, abrogada por mandato del Referéndum del pasado 18 de julio.

Según Carvajal, las posiciones de las empresas petroleras y la información complementaria que entregarán las mismas a la subcomisión, serán analizadas y esperarán un tiempo prudente de ‘maduración’ para tomar una determinación.

La mañana de ayer, los principales representantes de las empresas Repsol YPF, British Gas (BG), la capitalizada Chaco, Transredes y Total se reunieron con diputados y senadores, quienes escucharon atentamente los planteamientos de las transnacionales.

Dante Pino, diputado de NFR, dejó ayer enmudecidos a los ejecutivos de las empresas petroleras y al auditorio que asistió al Salón de los Retratos del Senado, luego que les echó en cara la firma de contratos para explotar petróleo en abierta violación a la Constitución, promover contrabando de líquidos y evadir impuestos al fisco.

La intervención de Pino dejó de lado el diplomático trato que hasta ese momento prestó la comisión a las empresas petroleras, cuyos ejecutivos rechazaron prácticamente todo el proyecto de ley.

"Hay otra mala noticia. Han firmado contratos que no son constitucionales, porque no han sido refrendados por el Congreso", afirmó.

"Quiero decirles, como responsable de la subcomisión Propiedad, que me encuentro ciertamente sorprendido porque dicen no aceptamos regalías, no aceptamos impuestos, no aceptamos la migración de los contratos, no aceptamos absolutamente nada. En estas condiciones, las posiciones van a ser antes que flexibles duras", advirtió Pino.

No satisfecho y para sorpresa incluso de Hugo Carvajal, responsable de la subcomisión de Tributación y de los principales asesores técnicos del Gobierno, el legislador continúo con una lista de acusaciones.

"No podemos entender que ustedes vengan a plantearnos que no aceptan nada de lo que se está planteando. Si ésta es la situación entonces estamos en problemas, porque el decantado discurso de que ustedes se sacrifican mucho por el país y que el país no hace nada por asegurarles a ustedes la seguridad jurídica y sus beneficios, es algo que al pueblo no le convence", sentenció.