EL MINISTERIO DE INDUSTRIA QUIERE CONTINUAR LAS PROPECCIONES

El Gobierno de Zapatero "sondea" a Canarias sobre Repsol y muestra su deseo de permitir las prospecciones

Los factores políticos mantienen congelada la autorización de la segunda fase.

El Ministerio de industria sigue intentando convencer de que la operación debe continuar por más que Montilla mantenga públicamente que "no hay prisa" y que el petróleo que pueda haber allí "no se va a marchar". El Ministro insiste en que "no pasa nada si tardan unos meses las prospecciones porque, si hay petróleo, sería una desgracia que no fueramos capaces de hacer las cosas bién para poner en marcha este proceso, como lo estan haciendo nuestos vecinos marroquíes o mauritanos". "Tendremos tiempo de hacerlo tratando de convencer y dando argumentos", recalca. En su última respuesta formal a varias preguntas parlamentarias, el Ministerio señala que "resulta aventurado aventurar y, en su caso, prejuzgar una hipotética fase de explotación de yacimiento de hidrocarburos en Canarias" y que "en el momento actual se están valorando las reacciones suscitadas tanto en el ámbito de la administración autonómica y local, como en el ambito social"

|Madrid, 26 de junio de 2005. LA PROVINCIA Por Joaquín Anastasio|

El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo ha dado suficientes muestras de querer desbloquear la autorización a la empresa Repsol-YPF para que continúe sus trabajos en busca de hidrocarburos frente a las costas de Lanzarote y Fuerteventura y que fueron paralizados por una sentencia del Tribunal Supremo en marzo de 2004.

El departamento que dirige José Montilla dejó muy claro, prácticamente desde los primeros compases del actual gobierno socialista en Madrid, que las investigaciones de la petrolera debían continuar una vez subsanados los defectos de forma que el alto tribunal había detectado, que no afectaban a la propia autorización de las prospecciones, y para ello redactó un decreto que pretendía aprobarse en Consejo de Ministros el pasado 11 de febrero.

Sin embargo, ese decreto fue retenido a última hora y quedó sobre la mesa sin que por ahora se le vea una salida al bloqueo. Cuatro meses después, Montilla y los técnicos del ministerio se han visto incapaces de contrarrestar todos los factores políticos que han llevado al Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero
a mantener en suspenso los permisos para que Repsol lleve a cabo la segunda fase de sus trabajos: practicar unos sondeos que deberían probar la existencia o no de importantes bolsas de petróleo o gas en la zona y sobre cuya cantidad y rentabilidad se han establecido todo tipo de conjeturas.

La oposición de la opinión pública de Lanzarote y Fuerteventura y, en general, del conjunto de Canarias; la compleja situación en la que quedaría el PSOE, cuya organización lanzaroteña fue una de las firmantes del recurso ante los tribunales de las prospecciones, si Madrid reactivara las autorizaciones; la exigencia del Gobierno de Canarias de aclarar la posible participación del Archipiélago en los beneficios de las futuras hipotéticas extracciones; la disyuntiva creada por las negociaciones con Marruecos sobre la delimitación de la mediana marítima; y la reactivación del conflicto del Sahara y su repercusión sobre la actividad económica en la zona son demasiados elementos como para que el Ejecutivo de Zapatero no se lo piense dos veces antes de dar respuesta definitiva al dilema.

Por ahora, la respuesta oficial de Madrid liderada por el propio Zapatero es que no se tomará una decisión hasta que no haya un consenso político y social en Canarias sobre la garantía previa de que las prospecciones y posibles futuras extracciones no dañarán el medio ambiente de la zona ni perjudicará el turismo de las dos islas afectadas. El líder socialista lo ha expresado en varias ocasiones y a ello se agarran sus compañeros canarios como garantía de que el Ejecutivo central no les dejará en la estacada.

Los diputados socialistas canarios amenazaron con romper la disciplina de voto en el reciente debate sobre el Estado de la Nación al comprobar que el ministerio había remitido una enmienda, a una propuesta de resolución de CC, en la que se instaba al Gobierno a "otorgar las autorizaciones".

Olivia Cedrés, diputada conejera del PSOE, asegura que este asunto"viene viciado de origen por la falta de transparencia y de información sobre las prospecciones". En su opinión, la decisión final debería adoptarse tras un intenso proceso de información y debate públicos y de "conocer los pros y los contras". En eso, asegura, está el Ejecutivo de Madrid.